La decisión en el Estado

El pasado 29 de marzo, el diario ABC tenía en su portada una imagen de la Gran Vía madrileña desierta, bajo un cielo gris que le hacía juego. El titular rezaba: «Sánchez elige parar la economía», y, pese a su simplicidad, la frase encierra mucho. Merecería seguramente todo un análisis sintáctico que estudiase con detenimiento quién es el sujeto, cuál es el verbo y de qué modo se relacionan estos dos elementos en la institución del Gobierno… Pero a lo que quiero prestar atención es a que el titular parece que da respuesta a una pregunta que se llevaba prolongando ya unos días, como se espera un veredicto final; parece que la necesidad de una decisión, por tanto, emerja de los acontecimientos mismos.

El jurista alemán Carl Schmitt, en su Teología política, utiliza el estado de excepción –uno muy suyo– para reavivar un viejo debate jurídico: la cuestión de la soberanía; y lo hace apelando al que cita como el gran mérito científico de Bodino: la vinculación de la soberanía a la decisión. Schmitt pasa por un momento en el que se está haciendo un enorme esfuerzo teórico (que él localiza en el positivismo jurídico de Kelsen) por intentar arrancar del derecho cualquier carácter personal, de manera que la práctica jurídica sea la mecánica y regular aplicación de la norma. Kelsen, buscando una teoría pura del derecho, saca del ámbito jurídico toda referencia de carácter sociológico o histórico, cualquier referencia empírica, para llegar a una pulcra separación entre ser y deber ser. Limpiando el derecho de toda cuestión empírica, la decisión se deja fuera del ámbito jurídico, y el derecho se reduce a la técnica de administración de la norma.

Reconociendo como inmiscibles la norma y la realidad, el deber ser y el ser, Schmitt reivindica que el ámbito teórico de la ciencia jurídica debe asumir también como problema el de la conexión entre estos dos mundos. El Estado es el punto en que se conectan norma abstracta y realidad concreta, donde se tocan poder fáctico y legitimidad jurídica, y el modo en que esto se realiza no se reduce a una mera cuestión sociológica, también es jurídica. En su ejercicio, el Estado tiene dos componentes fundamentales, irreducibles el uno al otro que, aunque conceptualmente distintos, empíricamente siempre se dan a la par: norma y decisión. Al fin y al cabo, toda norma, si se realiza en el mundo como tal norma, es porque está fundamentada en una decisión: la decisión por que se da esa norma. Ninguna ley puede darse con regularidad –esto es, como verdadera ley– en una situación caótica, requiere de una situación normal. Determinar si la situación es –o no– normal no puede hacerse desde la norma; por tanto, toda ley implantada lo está bajo la decisión -y fuera de ella- de que se está dando la circunstancia adecuada para su aplicación.

La decisión de que la situación ha dejado de ser normal es la decisión por la excepción. En su gesto, la continuidad jurídica se rompe con la intención de volver a restaurar la normalidad; el Estado, libre de toda restricción normativa que habitualmente restringe su actuación, restituye una circunstancia que permita el correcto funcionamiento del sistema judicial y administrativo; con el derecho suspendido, el Estado subsiste como mero poder, y lo que lo diferencia del resto de poderes fácticos es su intención de restaurar el derecho. Norma y decisión, siempre juntas en una situación normal, se pueden pensar separadas en la excepción, donde se ve la decisión deslindada de cualquier norma anterior a ella. Schmitt se esfuerza por romper la ilusión o la añoranza de un Estado como simple administración, como mecánica aplicación de la norma, libre de toda acción personal (y con ello de todo posible «error humano»). Un Estado como maquinaria técnica. «En la excepción, la fuerza de la vida efectiva hace saltar la costra de una mecánica anquilosada en repetición».

Desde luego, el momento que venimos pasando dista mucho de la genuina excepción schmittiana: el sistema jurídico se mantiene vigente y operante; en ningún caso estos son sucesos fuera de la ley para el restablecimiento de la misma. Las medidas no habituales que se están dando se hacen desde la aplicación del artículo 116 de la Constitución y desde la Ley Orgánica 4/1981 que lo desarrolla; es decir, decisión desde la norma y por fuera de la misma. No merece la pena entrar en el debate sobre si estamos acudiendo a un «estado de excepción» o a un «estado de alarma»: lo que está sucediendo está sucediendo, ni más ni menos, desde dentro de la ley y en el ejercicio de la misma, y si las restricciones que implica se están pudiendo dar jurídicamente es sólo porque su posibilidad está contemplada en tales textos. Las extralimitaciones (de los límites marcados por la norma) en que pueda haber incurrido el gobernante, aunque las deba advertir el debate público, las deberá juzgar –y las juzgará si fuese el caso– el sistema judicial. No merece más palabras. Pero sí merece la atención el modo en que los sucesos en torno al coronavirus reclaman –o reclamaban desde la última semana de marzo– una decisión; no una tan grave como la de Schmitt, pero sí una elección humana: tanto que termina siendo anunciada en la portada de un diario como ABC, al que no le tiembla el pulso cuando quiere recordarle a sus lectores que Sánchez ha elegido detener la economía en pos de salvaguardar la salud pública de su país.

La constante repetición de la norma no sería, desde luego, el instrumento adecuado para la solución del problema en que nos encontramos; ninguna administración, por detallada que fuese, podría atender la actualidad como mero problema técnico. No han hecho falta casos límite como aquellos en los que está pensando Schmitt (golpes de Estado o revoluciones; rupturas, como decíamos, de la continuidad jurídica), ha bastado una epidemia como la que pasamos para dar cuenta de que es imposible suprimir del Estado el elemento de la decisión. Esta no es reducible a una decisión técnica, sea ésta científica o económica. Se dice permanentemente que se decide en base al inmediato consejo de los expertos, pero se ve que están en constante pugna los expertos sanitarios y los expertos económicos, unos buscando salvar hasta la última vida y los otros hasta el último empleo. La decisión que ha emergido, por tanto, es una decisión política, que no es otra cosa que la elección ponderada de entre todos los factores, los cuales jerarquiza y prioriza según los valores que éstos mismos representan. Tratándose de decisión política, no técnica, no cabe preguntarse por la actuación más «óptima» en cada situación determinada. Por ello se seguir ́a necesitando la personalidad contingente en el poder. Por ello, los medios comunicación seguirán rotulando en el futuro el verbo «elegir» en sus portadas.